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    Los sindicatos hemos convocado una Huelga General el 29 de septiembre contra una reforma laboral que supone precarizar aún más el mercado de trabajo y no va a contribuir a crear empleo. Una protesta con la que queremos y exigimos una salida de la crisis que piense en las personas, una salida de la crisis que deje claro que la economía está al servicio de los seres humanos, y no a la inversa, como intentan hacernos creer los portavoces de lobbies con intereses en mantener el gobierno de los grandes poderes empresariales y financieros.

    Una reforma laboral que impide el cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, que no reducirá la dualidad en el mercado de trabajo ni combatirá la temporalidad. Tan sólo abarata y facilita el despido e introduce la contratación temporal en sectores altamente peligrosos, con el riesgo profesional que supone para las personas, precisamente en un país que está a la cabeza de la Unión Europea en número de accidentes laborales. Con la actual redacción el contrato indefinido ordinario prácticamente desaparece. Las contratas y subcontratas pueden seguir utilizando los contratos de obra o servicio para atender su actividad, sin necesidad de contar con plantillas estables.  El descuelgue salarial podrá ser la norma. No se evita el encadenamiento de contratos con distintos trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo.

    Todas estas palancas de la contrarreforma que pretende aprobarse no contribuirán a resolver los graves problemas que aquejan a la economía y al mercado de trabajo, y mucho menos a la realidad regional, que ya lleva sufriendo desde hace años los efectos de una política liberalizadora que agudiza las diferencias sociales. Madrid se convertirá en un nuevo laboratorio de experimentación thatcheriano. Por eso quieren derogar la normativa laboral para utilizar el artículo 1.255 del Código Civil como régimen regulador general de los contratos de trabajo.

    Los sindicatos hemos hecho lo que teníamos que hacer durante los dos años más duros de la crisis: garantizar una política social que amortiguara los efectos destructivos sobre los trabajadores. Pero la capitulación de los gobiernos ante los mercados financieros, ejemplificada en España durante la comparecencia del Presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo, ha cambiado radicalmente el escenario político, social y económico. Ahora, al Plan de Ajuste se suma la reforma unilateral del mercado de trabajo y el debate sobre la ruptura del Pacto de Toledo, que puede acabar con el sistema de pensiones que hoy por hoy conocemos, medidas de corte ultraliberal que afectan al núcleo central del Estado de Bienestar y pretenden justificarse acudiendo al manido argumento de la eficacia económica. La política monetaria y los mercados financieros han secuestrado la soberanía de los Gobiernos, con el respaldo unánime de los partidos conservadores mayoritarios en la UE.

    Por eso los sindicatos estamos obligados a actuar. La aplicación en los términos actuales del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) comportará un coste social sin precedentes y retrasará aún más la recuperación económica, como reconocen sus propios impulsores. Estamos obligados a actuar porque la UE es algo más que un mercado y una moneda. Porque los mercados financieros que han causado la crisis no pueden imponer condiciones para la recuperación pasando por encima de las trabajadoras y los trabajadores, que son las víctimas de su insensatez y su codicia. Estamos obligados a actuar porque está en juego la ciudadanía social. Sin un modelo que garantice la redistribución de la riqueza no hay democracia. Por eso con esta huelga nos jugamos mucho: la calidad del sistema democrático. Su misma permanencia.

    La convocatoria de huelga general para el próximo 29 de septiembre está motivada por el abrupto giro social dado por el Gobierno en los últimos meses y que ha tenido su concreción práctica a través de dos decretos-ley, de mayo y junio pasados, en los que se han llevado a cabo sustanciales recortes de gasto, como la rebaja de los salarios de los empleados públicos, y se ha puesto en marcha una reforma laboral que está precarizando aún mas las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de este país, todo lo cual, además, va a dificultar en gran medida la salida a la crisis que venimos padeciendo.

    Pero lo peor de todo es que estas medidas son únicamente un primer paso dentro de un proceso en el que el propio Gobierno ya está amenazando con nuevos recortes y, sobre todo, con una reforma del sistema público de pensiones que tan negativamente puede afectar al conjunto de la sociedad española.

    Frente a esta secuencia de medidas, de las que hasta ahora sólo hemos visto el comienzo, nos tenemos que movilizar, porque sólo con una protesta masiva y generalizada podremos parar esta deriva antisocial que está poniendo en un muy grave peligro los logros sociales que tanto trabajo ha costado conquistar a lo largo de mucho años de lucha, esfuerzos y sacrificios.

    No puede ser, por tanto, que todo ese bagaje haya sido en vano y perdamos los derechos conquistados y adquiridos. En este sentido revisten especial gravedad las distintas medidas tomadas o anunciadas en relación con las pensiones y con las condiciones de jubilación, por cuanto se refieren a la situación de las personas en esos momentos tan importantes de la existencia en que acceder a una jubilación adecuada y tener una pensión digna deben ser la justa consecuencia al trabajo desarrollado y a lo aportado al esfuerzo colectivo de la sociedad a lo largo de toda la vida.

    Por eso, la congelación de las pensiones contributivas en 2011 es profundamente injusta, porque más de seis millones de pensionistas van a dejar de percibir unas cantidades a las que tienen derecho y cuya pérdida les va a hacer disminuir su poder adquisitivo. De hecho, congelar las pensiones es reducirlas. Por ello y porque con esta congelación se incumple el Acuerdo de Pensiones de 2006, vamos a la huelga general el 29 de septiembre.

    Por otra parte, el anuncio hecho por el Ejecutivo de reformar el sistema público de pensiones en el sentido de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como de aumentar el periodo de cálculo de las pensiones desde los quince últimos años cotizados hasta los veinte o veinticinco, representa una amenaza de tal gravedad que va a afectar, de aprobarse —y para impedir que se apruebe hacemos también la huelga general del próximo 29 de septiembre—, a todas las personas que vayan a jubilarse a partir de ahora. Nada digamos si se lleva adelante lo que propone la Comisión Europea, que pretende llevar la edad de jubilación hasta los setenta años.

    Pero es que, además de estas (malas) intenciones del Gobierno, el empeoramiento de algunas de las condiciones para jubilarse, ya aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2010, de mayo pasado, dibujan un panorama de crecientes dificultades para poder disfrutar de los derechos adquiridos en el transcurso de nuestra vida laboral.

    El aumento de los requisitos para el cálculo del periodo mínimo de cotización necesario para jubilarse ejemplifica muy bien los crecientes obstáculos que ya se han establecido para alcanzar una merecida y justa jubilación. Si antes del citado Decreto era necesario para acceder a la pensión mínima de jubilación haber cotizado 5.008 días, ahora se precisa ya una cotización de 5.475 días.

    A esto hay que añadir igualmente las mayores exigencias establecidas para la jubilación parcial, lo que perjudica a la vez a las personas mayores, que ahora tienen que esperar un año más, de los 60 a los 61, para poder acogerse a este tipo de jubilación, y a los jóvenes que ven, de alguna manera, restringidas en parte las posibilidades de encontrar empleo a través de los contratos de relevo.

    Por consiguiente, la defensa del sistema público de pensiones y unas condiciones dignas de jubilación, son también motivos para secundar la huelga general del 29 de septiembre con la que hay que parar al Gobierno en el errático y antisocial giro que ha dado a sus políticas.

    Mucho se está debatiendo estos días sobre el derecho de huelga a propósito de la que están llevando a cabo los trabajadores del Metro madrileño, así como de la huelga general que hemos convocado UGT y CC OO, los sindicatos mayoritarios, para el 29 de septiembre, en coincidencia con las movilizaciones que para ese mismo día ha anunciado igualmente la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

    Aunque lo primero que hay que decir es que no es tanto un debate lo que se está produciendo, sino más bien una fortísima campaña propagandística en contra de los derechos de los trabajadores, del mundo laboral en su conjunto y del movimiento sindical. No por casualidad, claro está, todos los recortes sociales y laborales que está imponiendo el Gobierno, así como la reforma laboral aprobada por decreto, reciben un generalizado apoyo mediático, incluso de grupos contrarios al Ejecutivo desde posicionamientos conservadores, y si acaso se critican esas medidas es en el sentido de considerarlas suaves, cortas e insuficientes para los grandes y más duros recortes que, según ellos, habría que adoptar.

    En definitiva, se trata de que sean únicamente los trabajadores y trabajadoras los que paguen todas las consecuencias de la crisis desatada por los mismos especuladores ultraliberales que hoy han puesto de rodillas a los Gobiernos europeos, incluido el nuestro, a los que ahora exigen que continúen en esta línea reduciendo los derechos laborales y sociales, empeorando las condiciones de vida de la clase trabajadora y, como consecuencia de todo ello, socavando los propios principios democráticos y de ciudadanía sobre los que se han construido las modernas Constituciones y legislaciones europeas y el modelo de los Estados de Bienestar, que es la gran conquista colectiva del tiempo contemporáneo y, en el caso de nuestro país, de los últimos treinta años.

    Pues bien, cuando los trabajadores para hacer frente a este cúmulo de recortes sociales, que no tienen la más mínima justificación ni económica ni productiva, y que lo que representan en realidad son agresiones puras y duras, deciden ejercitar el derecho constitucional a la huelga, se inicia una nueva campaña de ataques intentando poner en cuestión este derecho, su ejercicio y su misma existencia, aunque a veces quieran camuflar esas intenciones con manipuladas apelaciones a “la gravedad de la situación que vivimos” o a “los perjuicios que causa su utilización al resto de los trabajadores y ciudadanos”.

    Y es cierto que la situación es grave, pero por distintos motivos a los que se nos está contando. Es grave porque las medidas que se imponen, supuestamente para salir de la crisis, lo que van a hacer es aumentarla y, al mismo tiempo, desproteger cada vez más a quienes la sufren, que es el verdadero objetivo de los que están tomando estas medidas.

    Y justamente las huelgas se hacen para impedir que los trabajadores, que los ciudadanos, aumenten sus niveles de desprotección y vean recortados sus derechos laborales, sociales y salariales. Y también es verdad que en un momento puntual otros trabajadores pueden sufrir eventualmente determinadas molestias por alguna de las huelgas convocadas. Pero sólo haría falta recordar que, a su vez, esos trabajadores que hoy pueden padecer algún tipo de molestia como, por ejemplo, los usuarios de un servicio como el Metro madrileño, son titulares también de esos mismos derechos laborales, como el de huelga, que también habrán ejercido en sus respectivos puestos de trabajo en uno u otro momento, o que a lo mejor lo tienen que hacer cualquier día del inmediato futuro.

    Se trata, por consiguiente, de un derecho ciudadano, de un derecho de y para los ciudadanos, cuyo ejercicio a todos incumbe y, también, a todos beneficia de alguna manera, incluso a los que algún día se pueden ver afectados porque otros trabajadores hagan huelga. Su limitación, como pretenden algunos, sería un atentado constitucional que rebajaría nuestra condición, tan duramente conquistada, de ciudadanos.

    Los que ahora se llenan la boca apelando al cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el organismo correspondiente deberían saber el abuso empresarial y administrativo con que habitualmente se fijan dichos servicios supuestamente mínimos, un abuso que muchas veces bien puede ser calificado de “salvaje”.

    No hay más que recordar que, con ocasión de la última huelga general del 20 de junio de 2002, la Comunidad de Madrid fijó unos servicios mínimos abusivamente “salvajes” que fueron recurridos ante la autoridad judicial por los sindicatos convocantes. La resolución judicial finalmente, meses después, nos dio la razón declarando dichos servicios mínimos totalmente ilegales, pero claro, cuando ya no tenía aplicación práctica posible. Y así, aquel 20 de junio de hace ocho años, los trabajadores madrileños tuvimos que sufrir aquel abuso de la implantación, ilegal e injusta, de unos servicios mínimos “salvajes” que tanto perjudicaron el ejercicio de un derecho que nos corresponde como ciudadanos de un país democrático. Ojo, pues, a la utilización de determinados e injustos calificativos que se suelen usar en una sola dirección y a conveniencia del altavoz mediático correspondiente.

    El próximo 29 de septiembre, secundando la huelga general y movilizándonos en contra de que nos rebajen nuestros derechos y nuestras condiciones de vida y de futuro, haremos un ejercicio de ciudadanía. Seremos más ciudadanos.

    Ayer, los sindicatos de Madrid UGT y CCOO convocamos una concentración en la Plaza del Museo Reina Sofía para mostrar nuestro rechazo, como en otras 21 localidades españolas, a la reforma laboral que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Tomaron la palabra pensionistas, inmigrantes, mujeres, trabajadoras y trabajadores afectados por el recorte del gasto social. Porque con esta concentración no sólo hemos pretendido contestar a la aprobación de un conjunto de medidas que precarizarán aún más el mercado de trabajo y no contribuirán a crear empleo, sino que también buscamos exigir una salida de la crisis que piense en las personas, una salida de la crisis que deje claro que la economía está al servicio de los seres humanos, y no a la inversa, como intentan hacernos creer los portavoces de lobbies con intereses en mantener el gobierno de los grandes poderes empresariales y financieros. Otro mundo es posible.

    La reforma laboral no favorecerá la creación de empleo. Tampoco ayudará a cambiar el modelo productivo. No reducirá la dualidad en el mercado de trabajo ni combatirá la temporalidad. Tan sólo abarata y facilita el despido e introduce la contratación temporal en sectores altamente peligrosos, con el riesgo profesional que supone para las personas, precisamente en un país que está a la cabeza de la Unión Europea en número de accidentes laborales. El contrato indefinido ordinario prácticamente desaparece. Las contratas y subcontratas pueden seguir utilizando los contratos de obra o servicio para atender su actividad, sin necesidad de contar con plantillas estables. El descuelgue salarial podrá ser la norma. No se evita el encadenamiento de contratos con distintos trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo.

    Todas estas palancas de la contrarreforma que pretende aprobarse no contribuirán a resolver los graves problemas que aquejan a la economía y al mercado de trabajo, y mucho menos a la realidad regional, que ya lleva sufriendo desde hace años los efectos de una política liberalizadora que agudiza las diferencias sociales. Madrid se convertirá en un nuevo laboratorio de experimentación thatcheriano. Por eso quieren derogar la normativa laboral para utilizar el artículo 1.255 del Código Civil como régimen regulador general de los contratos de trabajo.

    Los sindicatos hemos hecho lo que teníamos que hacer durante los dos años más duros de la crisis: garantizar una política social que amortiguara los efectos destructivos sobre los trabajadores. Pero la capitulación de los gobiernos ante los mercados financieros, ejemplificada en España durante la comparecencia del Presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo, ha cambiado radicalmente el escenario político, social y económico. Ahora, al Plan de Ajuste se suma la reforma unilateral del mercado de trabajo y el debate sobre la ruptura del Pacto de Toledo, que puede acabar con el sistema de pensiones que hoy por hoy conocemos, medidas de corte ultraliberal que afectan al núcleo central del Estado de Bienestar y pretenden justificarse acudiendo al manido argumento de la eficacia económica. La política monetaria y los mercados financieros han secuestrado la soberanía de los Gobiernos, con el respaldo unánime de los partidos conservadores mayoritarios en la UE.

    Por eso los sindicatos estamos obligados a actuar. La aplicación en los términos actuales del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) comportará un coste social sin precedentes y retrasará aún más la recuperación económica, como reconocen sus propios impulsores. Estamos obligados a actuar porque la UE es algo más que un mercado y una moneda. Porque los mercados financieros que han causado la crisis no pueden imponer condiciones para la recuperación pasando por encima de las trabajadoras y los trabajadores, que son las víctimas de su insensatez y su codicia. Estamos obligados a actuar porque está en juego la ciudadanía social. Sin un modelo que garantice la redistribución de la riqueza no hay democracia. Por eso con esta huelga nos jugamos mucho: la calidad del sistema democrático. Su misma permanencia.

    Las medidas que se están tomando contra la crisis económica, basadas en drásticos recortes del gasto que, básicamente, son recortes de gasto social, además de rebajas de salarios, congelación de las pensiones, reducción de la obra pública y de los servicios sociales, marcan un camino de supuesta salida de la crisis profundamente erróneo desde cualquier punto de vista que se considere. En esta línea van igualmente las aprobadas por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid el pasado jueves.

    Y decimos que es una ruta equivocada porque, en primer lugar, no sólo no va a solucionar los problemas derivados de las consecuencias de la crisis, sino que de momento los va a agravar y, lo que es peor, dejando la puerta abierta a la repetición de situaciones parecidas a las que provocaron el inicio de las convulsiones actuales. Incluso los mismos Gobiernos que asumen estos recortes admiten que, de momento, no va a disminuir el desempleo, se va a frenar la incipiente recuperación y, por tanto, se va a prolongar la situación de crisis.

    Si en tiempos de recesión y de ralentización de la actividad económica y productiva, la respuesta clásica era la de aplicar políticas de estímulo con inyección de dinero público e inversiones en infraestructuras que dinamizasen el tejido productivo, no se entiende porque se opta ahora por aplicar unas políticas neoliberales que no sólo son radicalmente contrarias a aquel modelo, sino que, además, son las causantes de esta crisis, que es la mayor desde la llamada Gran Depresión de 1929.

    Por eso sorprende que, en la actual coyuntura económica, la contención de los déficit públicos se haya convertido no ya en una prioridad de los Gobiernos, sino en su casi único objetivo, al menos en el corto y medio plazo. Porque todos comprendemos que el gasto público debe tener unos ciertos límites que impidan un descontrol absoluto que hipoteque el futuro de una sostenibilidad económica, productiva y social para la que los equilibrios presupuestarios son tan necesarios como los mismos equilibrios sociales.

    Pero que, en la hora actual, con millones de trabajadores en paro en España —más que en ningún otro país del espacio comunitario— y con más de medio millón de desempleados en la Comunidad de Madrid, con una ralentización que no acaba de arrancar, unos modestos y muy esforzados crecimientos del PIB —cuando hay crecimiento— y una actividad económica y productiva en horas bajas; que en estas circunstancias, decimos, no se admita apenas ninguna flexibilidad en el control de ese gasto público tan necesario en tiempos tan difíciles para la vida cotidiana de las personas, tiene pocas explicaciones, y las que tiene no dejan en muy buen lugar precisamente a los actuales Gobiernos.

    Porque da la impresión que no se está controlando la situación a favor de la ciudadanía, a favor de los trabajadores y trabajadoras, que son la inmensa mayoría de la población, sino que se están rindiendo frente al capitalismo más salvaje que tan bien representan algunos de los políticos más conservadores de nuestro país y de nuestro continente, pero igualmente los indecentes especuladores financieros y bursátiles que, después de haberse beneficiado del dinero público que los diferentes Estados han puesto para salvar al sistema, terminan ahora poniendo en jaque a esos mismos Estados con sus operaciones que bien podrían calificarse de delictivas.

    Y además nuestros gobernantes deberían saber que para el ultraliberalismo y para estos mercados de la especulación, todas las concesiones que se hagan les parecerán siempre pocas. Siempre quieren más, y aunque lo van revelando poco a poco, el fin último que buscan es la desaparición de los espacios públicos y de los servicios que los garantizan. Por eso los Servicios Públicos están en su punto de mira, como los gastos sociales y, en definitiva, la propia existencia del Estado de Bienestar, que es además una conquista fundamentalmente europea.

    Y aquí podríamos decir que está el quid último de la cuestión. Porque cuando se repite, con grosera insistencia y manifiesta ignorancia, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, o bien que hay que dar “redimensionar” el Estado de Bienestar, o que ya no es sostenible este modelo social, o que el Estado de Bienestar está puesto en cuestión, o que hay que establecer un paréntesis en el mismo, o que habrá que reducirlo, o que ha llegado al límite de sus posibilidades; cuando se insiste en estas observaciones tan publicitadas mediáticamente, lo que en verdad se esta diciendo es que tenemos que empezar a considerar su paulatina desaparición.

    Y, claro, si esto es así, por qué no se atreven a explicitar lo que en verdad pretende, por la vía de los hechos consumados, este neoliberalismo rampante ante el que hoy se inclina Europa, y que no es otra cosa que la inexorable instauración de un nuevo Estado del… Malestar, eso sí, para la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos; no, desde luego, para los especuladores económicos y financieros.

    En estos términos está hoy planteado el conflicto y el debate. Nosotros entendemos que el Estado de Bienestar no tiene, ni puede tener, alternativa a largo plazo. Porque vivir peor nunca puede ser un objetivo. Sacrificios en determinadas circunstancias, sacrificios de todos, sí; renuncia a nuestros objetivos sociales y a nuestros derechos, retrocesos permanentes en los mismos y sacrificios únicamente de los trabajadores y trabajadoras, de ninguna manera.

    Cándido Méndez ha señalado que de aquí al 29 de septiembre habrá dos grandes escalones en el proceso de movilización ascendente, el primero será el 30 de junio, cuando se convocarán manifestaciones en las distintas Comunidades Autónomas y el segundo, el 9 de septiembre, ya que tendrá lugar un acto masivo de representantes sindicales en Madrid.

    La movilización, ha subrayado, tendrá lugar el día que se celebra la reunión del Ecofin (Consejo de Economía y Finanzas) y coincidirá con la euromanifestación organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas para exigir de la Unión Europea una estrategia de salida a la crisis basada en el crecimiento y el empleo y contra los recortes sociales.

    Méndez ha resaltado que la propuesta planteada por el Gobierno consolida un “cambio de carril” en su política de lucha contra la crisis, un cambio de carril “definitivo” impuesto por la Unión Europea y que manifiesta la “clara quiebra de su discurso político”.

    Es una “reforma regresiva, que no va a generar confianza, que va a ser inútil para resolver los problemas del mercado laboral, que abarata el despido y abre aún más la puerta a la intermediación privada en el mercado laboral”, por ello convocan esta huelga “con toda la legitimidad y con toda la razón” ha añadido.

    me ha dejado un pequeño espacio de opinión.  En el artículo, titulado 8-J: responsabilidad sindical y visión de Estado, trato de explicar la posición de responsabilidad que los sindicatos hemos mantenido en todo este proceso de crisis. Un proceso largo que ha costado miles de puestos de trabajo y que, ahora, en lugar de reformar su origen, el sistema financiero, se va a por los trabajadores públicos.

    He aceptado con agrado dirigir algunas palabras a los lectores de la Asociacion El Zoco pues conozco desde hace tiempo su actividad cultural, y creo que sus principios participan de las inquietudes y responsabilidades varias que animan la acción sindical. Intentaré explicarme.

    En efecto, como es bien sabido, dentro de un contexto fuertemente marcado por la privatización no sólo de los servicios públicos, sino de los pilares mismos donde se asienta el Estado de Bienestar, negocio goloso para cualquier empresa especializada en tales prestaciones, UGT ha venido afirmando su oposición frontal a cualquier forma de adelgazamiento de la actividad de las Administraciones Públicas, todo lo que introduce una fractura en las oportunidades de vida del conjunto de los ciudadanos. Es decir, discriminan en función de los ingresos, cuestión que lamentablemente no depende de la voluntad de las personas.

    UGT ha venido así poniendo el acento en las consecuencias que una política de estas características tiene, por ejemplo, sobre las listas de espera sanitaria, que continúan estancadas en los mismos niveles que hace cinco años después de haber sido invertidos más de 460 millones euros. La educación pública ha sufrido un duro revés y su calidad peligra luego de que se optara por un modelo que prima la concertada o la privada, con el subsiguiente efecto sobre la renta familiar. Los servicios sociales brillan por su ausencia y las políticas de empleo han desaparecido del escenario a favor de medidas de incentivo cuyos efectos sobre la creación de puestos de trabajo, en un momento de crisis como el actual, son nulos. Estas medidas han contribuido a polarizar la sociedad madrileña durante los últimos años a pasos agigantados y hoy las diferencias entre las personas que más ganan y las que menos se han centuplicado, mientras que la clase media ha desaparecido del mapa. Podemos decir sin que nadie nos acuse de tremendismo que la sociedad madrileña es más insolidaria a raíz de la paulatina implantación de un modelo basado en la creación de empleo de baja cualificación y menor productividad y la desaparición de las Administraciones Públicas como garantes de la cohesión social.

    La cultura, en tal escenario, es crucial, y, crucial es, por tanto, la labor de los agentes encargados de difundirla, como las asociaciones que diariamente lidian en campos cada vez más competitivos para llevar a buen puerto sus objetivos. Porque esta regresiva desaparición de la actividad pública de la sociedad tiene un efecto devastador sobre la cultura. Efectivamente, durante los últimos años hemos visto cómo muchas salas de cine, por ejemplo, la histórica Benlliure, o las ubicadas en la carismática Gran Vía, han cerrado sus puertas al público, mientras que centros neurálgicos de cultura van apagándose acorralados por unos valores que priman el ocio centrado en el consumo banal. La Comunidad de Madrid ha perdido el encanto y la atracción que para músicos, poetas, novelistas, cineastas, actores y un extenso etcétera de profesiones creativas tenía esta ciudad.

    La universidad también ha sufrido los embates de estas políticas en forma de recortes presupuestarios y arrinconamiento de especialidades distintas a las funcionales al mercado. En semejantes condiciones, la tarea de asociaciones como El Zoco es esencial, no sólo por lo que directamente afecta a las actividades estrictamente culturales, sino también en aquellas que tienen que ver con un cambio de valores que la sociedad demanda. Las personas no somos un precio o un elemento de la compraventa, como quieren hacer valer determinados portavoces del libre mercado. Tenemos una dignidad. Y una historia. Por ello, os animo a continuar con vuestro trabajo. Lo agradecerán las generaciones futuras.

    Ayer presentamos, junto a CCOO Madrid, CECU Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos un Observatorio Social por la Dependencia en la Comunidad de Madrid. Se trata, sin duda, de una gran herramienta con la que pretendemos controlar de manera independiente y no partidista, que se cumple la Ley de Dependencia.

    ¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que esta Ley venía a reconocer el derecho de muchos ciudadanos que han dado su vida trabajando y ahora, cuando más lo necesitan la sociedad les daba la espalda. Con esta ley eso dejaba de pasar. Pero la ley no se cumple.

    Es intolerable la falta de sensibilidad que tienen algunas administraciones. Una insensibilidad que, además, les permite jugar a hacer negocios, como lo que ha hecho con el cheque-insulto.  Un cheque con el que pretenden que cada uno se pague su derecho. Un cheque es un insulto a los ciudadanos.

    Este sábado tenemos una cita. Todos los trabajadores, no solo los sindicalistas. Como cada Primero de Mayo saldremos a la calle a manifestarnos por los derechos de los trabajadores. Derechos que, en estos tiempos complicados, son más importantes que nunca defender. Muchos son los sectores que se quieren aprovechar de la crisis para mantener sus beneficios a costa nuestra, a costa de los trabajadores. Y no sólo en materia de despido, también arriesgando su propia vida. Y es que, en la Comunidad de Madrid, a pesar de la gran reducción de trabajo, llevamos cinco muertos en el tajo más que el año pasado. Una cifra intolerable.

    Y es por eso por lo que desde UGT Madrid presentamos ayer la primera Fundación para la Defensa Integral de las Víctimas de los Accidentes Laborales (FUNDIVAL). Una fundación que nace para desde todos los ámbitos de la vida a aquellas personas que han visto truncadas sus expectativas laborales, sociales y vitales tras sufrir un accidente en el trabajo. Pero la fundación no sólo será para esas personas afectadas, sino que será también dirigida por esas personas.

    Pero esta fundación es solo un paso más (un paso grande) en la lucha de los trabajadores. Todavía nos quedan muchas cosas que reclamar. Y las reclamaremos, todos juntos, el sábado, Primero de Mayo, en las calles de Madrid.






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